Marco Pérez Hernández
(Primera parte)
La modernización de la propiedad social, el Ejido, ha sido usada para ejecutar una gran cantidad de casos engaño y manipulación, orquestados sobre la explotación de la expectativa de obtener un pedazo de tierra para construir una vivienda, que muchas veces acaba en engaño para el comprador de buena fe, pero otras en fraude y despojo para el ejidatario “vendedor”.
La compraventa de tierra ejidal estuvo prohibida mucho tiempo pero hoy está reglamentada. Sin embargo, el régimen especial de esa forma de propiedad, los mitos a su alrededor y la desinformación, han permitido que a a su lado crezca una forma de operación ilegal con todas las características de la delincuencia organizada, pero diseñada y ejecutada por quienes deberían representar los intereses de las propias comunidad agrarias, coludidos con profesionales del despojo y el fraude. Lejos de trabajar como representantes, gestores y defensores de los ejidatarios, muchas autoridades ejidales actúan como caciques que se apropian de la tierra a costa de la ley, de los intereses y de los derechos de sus compañeros ejidatarios; sus representados.
La tierra del Ejido es, por lo general, el único patrimonio de un ejidatario y la posibilidad de dedicarla, reguladamente, a una actividad diferentes a la agrícola, es muchas veces su única oportunidad de superar una vida de limitaciones y contratiempos. Sin embargo, para muchos ejidatarios esa posibilidad no ha representado progreso, sino problemas, decepciones, desengaños y conflictos. La culpa de esa situación está, en gran medida, en sus representantes: los comisariados ejidales.
El Ejido Primo Tapia, en el municipio Playas de Rosarito, conurbado a la ciudad de Tijuana, Baja California, es uno de los muchos ejemplos de la colusión entre “coyotes inmobiliarios” y miembros del Comisariado Ejidal, para establecer operaciones de despojo y fraude a gran escala, en detrimento del propio Ejido, de los ejidatarios con derechos sobre esa tierra, y también de terceros, potenciales clientes que se dejan engañar con la esperanza de formar un patrimonio familiar a partir de la compra de tierra ejidal urbanizada.
Ahí, en Primo Tapia, desde 1997 se inició una compleja maniobra para despojar a un ejidatario, Antonio Pequeño Guerrero, de la parcela de 20 hectáreas que el mismo Comisariado Ejidal le había adjudicado. Desde que Pequeño Guerrero anunció su idea de subdividirla y lotificarla para establecer en ella un fraccionamiento cuyos lotes podría vender a terceros, pues se trataba de una zona que el propio Ejido había acordado destinar a establecer un asentamiento humano, una pareja de defraudadores disfrazados de inversionistas y desarrolladores inmobiliarios se apersonaron para enredar al ejidatario y sumarlo a una sociedad que, en realidad, siempre fue una fachada para defraudarlo.
Salvador Zamudio y Susana López Gámez son los artífices originales de una operación de fraudes sucesivos, que lleva 30 años ejecutándose, contra el ejidatario Antonio Pequeño y contra el propio Ejido Primo Tapia. Lo que agrava el hecho, es que casi ninguna de las enredadas maniobras fraudulentas del binomio Zamudio-López Gámez contra el ejidatario y el Ejido, se habría podido concretar si los defraudadores no hubieran contado con el respaldo, que no pudo ser gratuito, de diferentes integrantes de la autoridad ejidal de la comunidad: el Comisariado Ejidal.
El Comisariado Ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la Asamblea de Ejidatarios, además de ser el representante y gestor administrativo del propio Ejido. Desde esa posición se tienen atribuciones importantes en un ejido, pero también responsabilidades legales por las decisiones que se tomen y las acciones que se ejecuten. Un Comisariado Ejidal se integra por un presidente, un secretario y un tesorero, y su encargo dura tres años, con derecho a reelección pero no consecutiva.
En el Ejido Primo Tapia, a lo largo de 30 años, más o menos el mismo grupo de ejidatarios ha acaparado y dominado el órgano ejecutivo del Ejido. Justo en ese período se han cometido toda clase de irregularidades e ilegalidades, contra el patrimonio del Ejido y de otros ejidatarios, como Antonio Pequeño. Esas ilegalidades han incluido avalar la adjudicación (venta), desde el Comisariado Ejidal, dos o tres veces, del mismo pedazo de tierra, a diferentes adjudicatarios (compradores), cuando en cualquier régimen de propiedad, incluso en materia agraria, nadie, ni siquiera el Comisariado Ejidal, puede vender dos veces el mismo predio.
Sin embargo la venta doble o triple de lotes, a cargo de personas sin derecho para hacerlo, pero avaladas por el Comisariado Ejidal, ha sido el pan de cada día en el Ejido Primo Tapia.
Los nombres de las personas, también ejidatarios, involucrados en esas decisiones ilegales, pero tomadas desde el Comisariado Ejidal en contra de Antonio Pequeño y el propio patrimonio del Ejido, son varios: Erick Castellanos Sánchez, Octaviano Avendaño Cañedo, Manuel Ruvalcaba Mora, Sergio Márquez Lara, Oscar Contreras Montaño, Silverio Álvarez Valadés, Francisco Ornelas Barrón, Javier Sánchez Aparicio, Gerardo Cuevas Gálvez, Arturo Castellanos Sánchez, Marisela Vargas Ruiz, Narciso Bañuelos Pérez, José Juan Márquez Lara, Eduardo Doñate Ruiz, Sara Pallares Aceves, Sergio Márquez Lara, Martha Monjaraz Gil y Francisco Ornelas Barrón, son los nombres que han ocupado cargos en el Comisariado Ejidal de Primo Tapia desde 1997. Todos, en mayor o menor medida, han sido corresponsables del despojo al Ejido a por lo menos uno, pero quizá más, de sus ejidatarios. Todos tienen algún nivel de responsabilidad y todos deberían rendir cuentas, ante los ejidatarios defraudados y también ante la justicia.
Las responsabilidades específicas por actuaciones fuera de la ley en que estos personajes pudieron haber incurrido ya, serán descritas en la segunda entrega de este trabajo.