(Tercera parte)
*Durmiendo con el enemigo en Baja California
*Una historia de abusos contra ejidatarios
Marco Pérez Hernández
Como el de la compraventa a María de Lourdes González Maldonado, ejecutada, avalada y firmada por el Comisariado Ejidal del Ejido Primo Tapia, y por la que se pagaron más de 10 mil dólares en el año 1998, pero sin que se entregaran sus respectivos porcentajes, ni al Ejido ni al ejidatario titular de la parcela donde esta el terreno vendido a esta mujer, hay varios casos más en el mismo fraccionamiento: Villas de San Pedro.
En todos esos casos la constante es la misma: las firmas de los integrantes del Comisariado Ejidal del momento, Manuel Ruvalcaba Mora, Erick Castellanos Sánchez, Silverio Álvarez Valadez y Francisco Javier Ornelas Barrón, quienes avalan operaciones de venta de terrenos ejidales negociadas por Susana López Gámez, cuando ella no tenía ni atribuciones ni personalidad jurídica para hacerlo porque no es la dueña ni la representante de los dueños. Esas operaciones se realizaron fuera de la ley, en perjuicio del patrimonio del propio Ejido y los ejidatarios, a cuyas arcas nunca llegó el porcentaje de la venta de cada lote, como debía ocurrir a partir del contrato de asociación firmado con el ejidatario Antonio Pequeño Guerrero, a quien además, tampoco se le pagó lo que le correspondía de la operación por la cesión de ese lote, que era parte de su parcela. Lo más escandaloso del asunto es que esa compraventa ilegal, y muchas otras, fue avalada por los miembros del Comisariado Ejidal de Primo Tapia, que estaban en funciones cuando la operación se realizó.
La compradora, Lourdes González Maldonado, pagó por el lote más de 10 mil dólares. La vendedora, Susana López Gámez, cobró el dinero. Los miembros del Comisariado Ejidal de aquel momento, elaboraron, firmaron y avalaron, el contrato de adjudicación de solar en el que declararon que fueron satisfechos el precio y el pago. Sin embargo, la parte del ingreso que le correspondía al propietario que vendía: Antonio Pequeño Guerrero, nunca se entregó y el porcentaje acordado para el Ejido, tampoco ingresó a las arcas de la comunidad, a pesar de que sus representantes avalaron y formalizaron la compraventa. ¿Dónde está el dinero? Esa pregunta debe ser respondida tanto por Susana López Gámez como por los ejidatarios, integrantes del Comisariado Ejidal en aquel momento, cuando firmaron ese contrato.
Compraventas en abonos chiquitos
Otro contrato, firmado por las autoridades del Comisariado Ejidal de Primo Tapia el 17 de marzo de 1998 reconoció, como adjudicatario de un lote más del fraccionamiento Villas de San Pedro, a Cesar Ernesto Quintero Morales. El lote mide 200 metros cuadrados y el monto pagado por el comprador, según el mismo contrato cuya copia está en poder de este reportero, fueron 10 mil dólares. En este caso el pago no se hizo al contado sino a plazos: 2,500 dólares a la firma del contrato en marzo de 1998 y, a partir del mes de abril siguiente, 125 dólares mensuales durante 60 meses, cinco años, hasta completar los 7,500 dólares restantes.
Quienes firmaron el contrato fueron Manuel Ruvalcaba Mora, Erick Castellanos Sánchez y Silverio Álvarez Valadez y Francisco Javier Ornelas Barrón, las cabezas del Comisariado Ejidal en ese tiempo. Los mismos que firmaron la venta de otro predio a María de Lourdes González Maldonado.
en la `playaEl contrato y la transacción tienen dos particularidades. La primera es que el Comisariado Ejidal sostuvo, en el propio contrato, que el Ejido era el propietario del lote, sin mencionar a otro adjudicatario previo con derechos sobre ese terreno, a pesar de que el lote es parte de la parcela de 200 hectáreas adjudicadas, una década antes, al ejidatario Antonio Pequeño Guerrero. Así, el Comisariado Ejidal de Primo Tapia desconoció los derechos de otro ejidatario, a pesar de que su calidad estaba reconocida, desde hacía al menos 10 años, por el propio Comisariado y por las autoridades agrarias.
La segunda particularidad es un documento del 19 de febrero de 2009, casi diez años después de haberse firmado la compraventa (o adjudicación), a favor de Cesar Ernesto Quintero Morales. En este documento se supone que la señora Susana López Gámez, informó al Comisariado Ejidal sobre la situación del mismo lote y le señaló que el comprador o adjudicatario, Cesar Ernesto Quintero Morales, no está ubicado en el fraccionamiento porque el señor Antonio Pequeño Guerrero nunca definió esa ubicación (parece referirse a la ubicación de su lote), pero también le informó al Comisariado Ejidal que el terreno se liquidó, de forma total y no en parcialidades, al ejidatario Antonio Pequeño Guerrero. Esas afirmaciones son totalmente contrarias a lo que indica el contrato de adjudicación (compraventa) firmado por los integrantes del Comisariado Ejidal en marzo de 1998; 11 años antes.
Antonio Pequeño Guerrero, adjudicatario original de la parcela en la que se ubica ese lote y todo el fraccionamiento Villas de San Pedro, no aparece en el contrato de adjudicación de solar urbano del 17 de marzo de 1998, celebrado entre las autoridades del Comisariado Ejidal de Primo Tapia y el comprador o adjudicatario, Cesar Ernesto Quintero Morales. Ni en las declaraciones del contrato, ni en las 11 cláusulas que lo integran, las autoridades ejidales de Primo Tapia mencionan, en ningún momento, al ejidatario Pequeño Guerrero.
Como si ese ejidatario no existiera y no fuera el adjudicatario original de la parcela donde se encuentra el predio, Manuel Ruvalcaba Mora, Erick Castellanos Sánchez, Silverio Álvarez Valadez y Francisco Ornelas Barrón, los cuatro integrantes del Comisariado Ejidal en el año 1998, formalizaron la compraventa (adjudicación) del lote de 200 metros cuadrados, que vendieron en 10 mil dólares, a Cesar Ernesto Quintero Morales, todo indica que a espaldas de Antonio Pequeño Guerreo, el ejidatario que era el legítimo titular de los derechos sobre ese terreno. El hecho significa una cosa: Ruvalcaba Mora, Castellanos Sánchez, Álvarez Valadez y Ornelas Barrón, habrían vendido ese lote sin tener derecho a ello, por la simple razón de que no era suyo, pues ya estaba adjudicado a otro ejidatario.
Como si no hubiera suficientes irregularidades en la transacción, luego de haber celebrado una compraventa ilegal sobre un terreno que una década antes había sido adjudicado a un representado suyo, el ejidatario Antonio Pequeño Guerrero, 11 años más tarde apareció un “reporte sobre el terreno”, elaborado supuestamente por Susana López Gámez y dirigido al Comisariado Ejidal, en el que se afirma que la compraventa del terreno fue realizada por Antonio Pequeño Guerrero, quien nunca antes apareció en el contrato y a quien sin embargo, después se le trata de responsabilizar de haber cobrado 10 mil dólares al contado y, además, de nunca haberle asignado el lote respectivo al comprador.
El reporte que involucra al ejidatario Antonio Pequeño Guerrero, está dirigido al Comisariado Ejidal de 2009, integrado por Erick Castellanos Sánchez como presidente, Obdulia Márquez Lara como secretaria, Silverio Álvarez Valadez como tesorero, María de Jesús Arias Sánchez como presidenta del Consejo de Vigilancia, Ricardo Bejarano Núñez como primer secretario del Consejo de Vigilancia y Refugio Rodríguez Quiñones como segundo secretario del Consejo de Vigilancia.
Los nombres de Erick Castellanos Sánchez y de Silverio Álvarez Valadez, se repiten en ambos documentos (el contrato de adjudicación o compraventa del lote a favor de Cesar Ernesto Quintero Morales, y el reporte sobre ese mismo terreno supuestamente no localizado dentro del fraccionamiento), con 11 años de diferencia. Por lo menos ellos dos, Erick Castellanos y Silverio Álvarez, estaban enterados de que fueron ellos y sus otros compañeros del Comisariado Ejidal de 1998, quienes vendieron ese lote, cuya compraventa se pretendió atribuir, en el año 2009, al ejidatario Antonio Pequeño Guerrero.
Así que además de desconocer sus derechos como adjudicatario original de la parcela que incluía ese lote y todo el fraccionamiento Villas de San Pedro, por lo menos dos personas del Comisariado Ejidal, y supuestamente Susana López Gámez, la corredora inmobiliaria, han pretendido implicar al ejidatario Pequeño Guerrero, como el responsable de una compraventa cobrada y según su descripción, no concretada, lo que podría interpretarse como un fraude
Además de la propiedad previa de Antonio Pequeño Guerrero, reconocida incluso por el Tribunal Agrario, lo único documentado con un contrato entre dos partes, es la compraventa o adjudicación del lote, celebrada por el Comisariado Ejidal y sus integrantes de 1998, aún cuando el lote era parte de una parcela perteneciente a Pequeño Guerrero, quien por cierto, fue el creador del plan completo para crear el fraccionamiento llamado Villas de San Pedro, en su parcela dentro del Ejido Primo Tapia; pero también es quien, a decir de su heredera, nunca recibió un peso, ni tampoco un dólar, de esa y otras operaciones avaladas por el Comisariado Ejidal y una mujer que tiene mucho por explicar, llamada Susana López Gámez.