Marco Aurelio de la Garza
Su nombre es Ricardo Rodríguez Morgan. Lleva tiempo al frente de la Dirección del Catastro Municipal de Playas de Rosarito, municipio aledaño a Tijuana, en calidad de encargado de Despacho y las evidencias, que se acumulan, indican que forma parte de una millonaria operación de fraude inmobiliario que ha echado raíces en la comunidad, pues ha funcionado, a diferentes ritmos, durante al menos los últimos 25 años.
La operación de despojo y fraude tiene cerebros responsables y operadores que han colaborado para ayudar a consolidarla. Rodríguez Morgan sería de los segundos, pero su condición de funcionario público en la oficina del Catastro Municipal lo convierte en una pieza clave. Desde ahí, es el responsable nada menos que de la inscripción de los predios vendidos con engaños, en el listado fiscal oficial de Playas de Rosarito: el registro catastral.
Con esa inscripción en el Catastro Municipal, que no debería proceder porque las compraventas de los lotes no cumplen con el requisito fundamental de que el vendedor sea el legítimo propietario del predio, Ricardo Rodríguez Morgan le otorga credibilidad al engaño con que se defrauda a los compradores, en apariencia de “buena fe”.
El engaño opera de forma elaborada pero es simple. El documento que indebidamente genera y emite Rodríguez Morgan: una boleta predial con una clave catastral, originada en la oficina gubernamental responsable del listado de inmuebles sujetos al pago de impuesto predial, le ayuda a los compradores de los lotes, “a creer”, que como han declarado estar dispuestos a pagar impuesto predial sobre un predio y han adquirido esa obligación fiscal, la compraventa del predio es completamente legal y está avalada por la propia autoridad del municipio.
En realidad, esa boleta y esa clave catastral no eliminan los derechos del propietario original del predio y tampoco le conceden a los compradores, por mas buena fe que hayan tenido, un mejor derecho sobre el pedazo de tierra que alguien, parte de un equipo de defraudadores, les vendió sin derecho.
Las boletas prediales o catastrales que indebidamente ha emitido la oficina del Catastro Municipal en estos casos, solo establecen la obligación de las personas a cuyo nombre se emiten, de pagar el impuesto predial que le corresponde al lote o terreno inscrito en el registro del catastro municipal. Esa obligación fiscal sólo deriva de que los compradores de esos terrenos, engañados por los defraudadores que les vendieron, se declararon propietarios de los lotes, sin serlo en realidad, ante la Dirección del Catastro Municipal, y lo hicieron porque creyeron que con ello fortalecerían su falso derecho de propiedad sobre los terrenos.
Los derechos de propiedad inmobiliaria no nacen de la oficina catastral sino de un contrato de compraventa celebrado con el legal y legítimo dueño del terreno, por ser el único con derecho a venderlo. Estar inscrito en los registros catastrales apenas genera una presunción, pero no un prueba de propiedad.
La oficina que hoy dirige Ricardo Rodríguez Morgan nunca debió generar esas claves catastrales porque no había documentos completos de operaciones de compraventa legales, legítimas y con las formalidades necesarias, que respaldaran su inscripción en el registro catastral. Sin embargo, como parte de una operación de corrupción a gran escala que deberá ser investigada y sancionada, el Catastro Municipal inscribió los predios, generó esas claves y esas boletas.
No conforme con eso, una irregularidad bastante grave, Rodríguez Morgan ha incurrido en otra igual o aún más grave, que busca encubrir la primera: lleva casi un año rechazando, de forma indebida, ilegal y sistemática, todas las solicitudes de la información catastral sobre esos predios, presentadas por la verdadera propietaria del fraccionamiento donde se ubican todos los lotes objeto de compraventas fraudulentas.
La señora María Guadalupe Salazar Gutiérrez, titular original de los derechos de uso, goce y enajenación, propietaria en resumidas cuentas, de todo el terreno sobre el que su esposo, el difunto Antonio Pequeño Guerrero, construyó el fraccionamiento Villas de San Pedro, ha presentado más de 70 solicitudes de información a la Dirección de Catastro Municipal, de forma específica a Ricardo Rodríguez Morgan, quien las ha negado alegando una absurda falta de personalidad jurídica para acceder a esos expedientes, así como falsas reservas por posibles violaciones a las leyes de transparencia y datos personales; con la absurda interpretación de que la información catastral no es pública y esta legalmente reservada; algo también falso.
Guadalupe Salazar ha iniciado un reclamo legal por el fraude e intento de despojo en contra del grupo de especuladores inmobiliarios que llevan 25 años enriqueciéndose con la “venta” ilegal, de terrenos que son la herencia de su esposo. Las negativas reiteradas de Ricardo Rodríguez Morgan a entregarle la información de las claves catastrales de los inmuebles objeto del fraude y el despojo, para que ella pueda presentarlas como evidencias en los juicios respectivos, han obstaculizado su reclamo y eso solo puede tener un objetivo: encubrir una operación fuera de la ley, porque él es cómplice de la ilegalidad que con esos terrenos se ha cometido y se sigue cometiendo, pues la banda de defraudadores continúa operando, con la protección del encargado del Despacho del Catastro Municipal.