*El titular de la Dirección del Catastro Municipal obstaculiza el acceso a información pública
*Ricardo Rodríguez Morgan protege, con sus acciones, una operación millonaria de despojo y fraude
Marco Aurelio de la Garza
En Baja California, de forma específica en el municipio Playas de Rosarito, muy cercano a Tijuana, se ha detectado una gran operación de despojo y fraude, que reúne todos los elementos para ser considerada Delincuencia Organizada.
En ella intervienen más de dos particulares, integrantes del Comisariado Ejidal y también funcionarios públicos de la Oficina del Catastro Municipal, que operan de forma coordinada para manipular información, alterar documentos oficiales, generar en forma indebida e ilegal, claves catastrales, simular contratos privados, ostentarse como propietarios y también, secuestrar de facto información pública; todo con el objetivo de engañar a terceros compradores de buena fe, al ostentarse como propietarios legales, sin serlo, de tierras urbanizadas, pero ejidales.
El objetivo de este grupo de vivales es vender lotes en una zona paradisiaca, ubicada a unos cuantos pasos de la playa de Baja California, a solo 30 minutos de San Diego, en operaciones que además tasan en dólares. Su mercado principal esta integrados por americanos que deciden radicar en México, pero cerca de la frontera, para hacer rendir más sus pensiones de retiro, y en los migrantes mexicanos o mexicoamericanos que, después de una vida de trabajo en los Estados Unidos, reunieron un capital para comprar una propiedad y regresar a vivir su vejez, de forma reposada, en su país de origen.
Los problemas son varios. El primero y más importante es que la tierra que esta organización criminal se ha dedicado a “vender”, generalmente a compradores de buena fe, es parte de un ejido y tiene a otros ejidatarios declarados legalmente como sus poseedores y usufructuarios. Eso significa que son sus legítimos propietarios, por lo que solo ellos pueden disponer de esos terrenos, incluso para venderlos a otros particulares.
Sin embargo la operación del grupo criminal, encabezado hoy por una mujer de nombre Susana López Gámez, pero integrado por muchas otras personas cómplices, varios de ellos ejidatarios y algunos también servidores públicos, lleva casi 25 años funcionando y embaucando compradores que, sin saberlo, han puesto su dinero y su patrimonio, en las manos equivocadas.
En el engaño, que alcanza ya cantidades millonarias en dólares, han jugado un papel fundamental diversos funcionarios que han sido responsables de las oficinas y los sistemas del Catastro Municipal. Su participación es clave porque ellos son quienes le han dado credibilidad al engaño y a la compraventa fraudulenta, al inscribir, indebida e ilegalmente, los lotes objeto de las compraventas ilegales, a nombre de los compradores, quienes con una boleta catastral que contenga sus datos, piensan que el lote es suyo, que la operación es legal, y que no tienen nada de qué preocuparse.
En un segundo momento, por lo menos uno de esos funcionarios municipales, el actual encargado del despacho de a Dirección del Catastro del Municipio de Playas de Rosarito, Ricardo Rodríguez Morgan, ha hecho algo adicional: negarle de forma sistemática y reiterada a la propietaria de la parcela que se lotificó y sobre la que se han estado realizando las compraventas fraudulentas, la información catastral de los lotes a los que su oficina les ha asignado claves y, por lo tanto, registros en el catastro municipal, a nombre de quienes los compraron de forma indebida.
El argumento de Ricardo Rodríguez Morgan para negar formalmente a la ejidataria y legítima propietaria, María Guadalupe Salazar Gutiérrez, la información catastral de lotes que son de su propiedad, es que ella no ha acreditado ser la representante legal de las personas a nombre de quienes están la claves catastrales sobre las que pide información, lo que en opinión del funcionario, la deja sin legitimidad para acceder a esos datos, que además, él considera personales, por lo que su divulgación sería, en su opinión, una violación al derecho a la privacidad.
El argumento es legalmente ridículo, por lo que solo puede entenderse como una maniobra cómplice para tratar de blindar una operación ilegal de grandes dimensiones, pues el funcionario ha negado información sobre más de 70 lotes vendidos e inscritos en el catastro municipal, todos parte de la parcela de Guadalupe Salazar Gutiérrez y todos, enajenados ilegalmente por Susana López Gámez.
Es absurdo que se le solicite a la ejidataria acreditarse como representante legal de las personas a quienes ella les está disputando la propiedad de los lotes que forman parte de su parcela. Es también absurdo negar su derecho a acceder a esa información por carecer de interés jurídico, cuando ella se ostenta con documentos, como la titular de los derechos de uso, goce y usufructo, de esos terrenos y por lo tanto, nadie tiene más interés jurídico que ella.
No solo es absurdo, sino ilegal de parte de Ricardo Rodríguez Morgan, funcionario municipal de Playas de Rosarito, alegar que las claves catastrales son información personal y solo pueden acceder a ellas sus titulares. En principio, toda la información que manejan las oficinas de gobierno es pública porque así lo establece la Constitución Política en su artículo 6, Apartado A, Fracción I. Se llama Principio de Máxima Publicidad y obliga a todas las oficinas gubernamentales a actuar con la mayor transparencia.
Los catastros existen, además de para cobrar, de forma ordenada, impuestos a la propiedad inmobiliaria, precisamente para evitar las operaciones fraudulentas con terrenos, lotes o bienes inmuebles. Están ahí y son públicos para que los consulte todo aquel a quien le ofrecen un inmueble, pues así esta en condiciones de verificar que quien hace la oferta sea el legítimo propietario de lo que vende, y no un embaucador que pretenda engañarlo, como ha ocurrido y ocurre en Playas de Rosarito, con la banda de Susana López Gámez, de la que según los indicios de su forma de actuar, también forma parte Ricardo Rodríguez Morgan, el encargado del despacho de la Oficina del Catastro Municipal en Rosarito.