Fernando Anaya
Enrique Graue está a cinco meses de dejar la Rectoría de la UNAM y aunque ve las señales, no parece consciente de los tiempos que vive ni los riesgos que enfrenta. El rector no puede permitirse heredarle una bomba de tiempo como el caso Esquivel a su sucesor o sucesora, pues la resolución de ese conflicto será su legado en la UNAM.
Actualmente circula en redes sociales una campaña pagada, que lo presenta como jefe de un clan de lavadores de dinero y abusadores del presupuesto universitario, motivada por caso Yasmín Esquivel y su decisión de reabrirlo para declarar el plagio académico.
Detrás de esa campaña están, además de los recursos e intereses personales de la ministra, incluyendo su equipo asesor, los recursos e intereses de operadores de la 4T que todavía creen que vale la pena tener el voto de una incondicional desprestigiada en la Corte.
Las ligas con esos dos polos de poder: la oficina de la ministra y la oficina del vocero presidencial, Jesús Ramírez, está perfectamente identificada. La primera se llama Mario Maldonado, el periodista de Televisa y El Universal que desde que detonó el escándalo de la tesis, hizo maromas para apuntalar la frágil posición de Esquivel frente al plagio y, más recientemente, publicó la información de los cargos de la tarjeta personal de Graue, para luego tratar de defenderse de la comisión de un delito alegando que recibió la información, de forma anónima, pero de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.
La segunda liga se llama Ricardo Sevilla, un remedo de periodista que fabrica historias por encargo de Jesús Ramírez, cuya pertenencia al aparato de propaganda oficial está documentada con sus cobros en la nómina del IMSS, en el área de Comunicación Social. Sevilla ha plagiado a Maldonado, sin darle crédito, para tratar de viralizar la falsa historia de que 79 millones de gastos en una cuenta personal de Graue han salido del presupuesto de la UNAM, pero sin exhibir una sola prueba que muestre relación entre ese dinero en la tarjeta American Express de Graue y alguna partida presupuestal de la UNAM.
Todo tiene que ver con el caso Esquivel, manejado equivocadamente por Graue desde que se metió al tema, en diciembre de 2022, para complacer a López Obrador, sin comprender que el presidente no quería una investigación, sino la exoneración fast track, de su ministra protegida.
Cuando comprendió la crisis institucional provocada por aquella primera resolución de falta de facultades para anular el título de Esquivel a pesar del plagio, Graue inició una rectificación con el nombramiento de un nuevo abogado general y la convocatoria al Comité de Ética del Consejo Universitario. Sin embargo, su nuevo abogado, Hugo Concha, es mejor vocero que litigante, pues se estrenó copando los medios con declaraciones contundentes y oportunas, pero ha sido incapaz de gestionar eficazmente el asunto en tribunales, al grado que no ha podido superar las chicanas del equipo legal de Esquivel, que lo tiene entrampado con resoluciones de un juzgado local de la Ciudad de México, inaplicables para la UNAM por cuestión de competencia, pues la institución educativa es un organismo público federal constitucionalmente autónomo, que en todo caso solo puede ser obligado por un juicio desarrollado en un juzgado federal.
Con su estilo siempre dubitativo, Enrique Graue no acaba de aceptar que no puede patear el problema hacia delante para dejarlo sobre el escritorio al próximo rector. El conflicto con Yasmin Esquivel se volvió personal. No terminará hasta que él resuelva hacer público el análisis del Comité de Ética librando, con habilidad jurídica pero sobre todo con decisión política, las chicanas de Yasmín Esquivel y su equipo. De esa manera, dejaría en manos de la Suprema Corte de Justicia, el destino de una ministra carente de probidad.